«Como mucho, algún caso»: de subestimar la amenaza al confinamiento de España

Mientras China e Italia endurecían medidas, Sanidad mantenía un mensaje de calma, el diagnóstico dejaba casos fuera del radar y el Gobierno alentaba el 8-M. Seis días después, España quedó confinada.

Enero: «como mucho, algún caso»

Cuando terminó enero, el coronavirus ya distaba de ser únicamente una noticia remota procedente de China. Wuhan había sido confinada, existían evidencias de transmisión entre personas y el 30 de enero la OMS declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, evaluando el riesgo mundial como alto.

El 31 de enero, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, transmitía en España un mensaje muy diferente:

«España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado».

Añadió que, si llegaba a existir transmisión local, sería «muy limitada y muy controlada». Horas después se confirmaba en La Gomera el primer positivo detectado en España.

Las precauciones que podían parecer excesivas

Dentro de la propia Administración existían ya señales de mayor preocupación. El 24 de enero, una semana antes de aquella declaración de Simón, José Antonio Nieto, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, había firmado una instrucción preventiva dirigida especialmente a los agentes de fronteras. Contemplaba el uso de guantes y mascarillas en controles de pasajeros procedentes de China y otras zonas afectadas.

Nieto relató meses después que, en una reunión celebrada el 27 de febrero, una responsable del equipo de Fernando Simón cuestionó que los policías utilizaran mascarillas en los aeropuertos porque podían generar «alarma social» y sugirió rebajar el nivel de protección. Es su testimonio posterior, no un hecho acreditado de forma independiente, pero fue reproducido por distintos medios y motivó peticiones sindicales de investigación.

Nieto fue cesado en vísperas del estado de alarma. La explicación oficial de Interior fue distinta: Marlaska sostuvo que había existido una «falta de lealtad» al difundirse un borrador antes de ser aprobado y añadió que el protocolo preventivo acabó siendo incluso ampliado. Por tanto, no puede afirmarse que fuera destituido por ordenar mascarillas. Sí puede constatarse que sus criterios preventivos habían chocado con la preocupación por no generar alarma cuando todavía se transmitía públicamente que el riesgo era reducido.

Febrero: un comité y una situación «sin alarma»

El 4 de febrero, el Consejo de Ministros creó un Comité de Coordinación Interministerial para seguir la amenaza del coronavirus, presidido por Carmen Calvo. Sin embargo, según la relación que la propia vicepresidenta ofreció posteriormente en el Congreso, sus reuniones comenzaron el 25 de febrero: se celebraron seis hasta el 13 de marzo.

Precisamente el 25 de febrero, después de la primera reunión, Calvo describía la situación española como «bastante razonable, sin alarma» y aseguraba que el Gobierno estaba preparado para anticiparse a cualquier escenario.

Para entonces, Italia tenía 322 contagios oficialmente detectados y diez fallecidos, y dos días antes había aprobado medidas extraordinarias de contención en los municipios más afectados del norte del país.

El problema: solo se podía contar lo que se conseguía detectar

Las bajas cifras españolas de febrero ofrecían una imagen incompleta de la situación. Los protocolos diagnósticos estaban construidos inicialmente alrededor de antecedentes epidemiológicos muy concretos —fundamentalmente viajes a determinadas zonas de riesgo o contacto con casos conocidos—.

El propio Ministerio de Sanidad tuvo que ampliar la definición de caso el 25 de febrero a nuevos países y regiones y comenzar a analizar también a pacientes con infecciones respiratorias graves sin otra causa conocida.

Las consecuencias de esos criterios se comprobaron de forma especialmente gráfica con el que terminaría siendo el primer fallecimiento conocido por COVID-19 en España. Un hombre murió en Valencia el 13 de febrero por una neumonía de origen desconocido. La infección por coronavirus no se confirmó hasta el 3 de marzo. Los médicos habían solicitado analizar muestras anteriormente, pero el paciente no encajaba en los criterios epidemiológicos vigentes.

Meses después, el propio Simón reconocería que el virus pudo haber circulado antes de febrero y que había habido casos que «pasaron desapercibidos». Los análisis posteriores situaron ya transmisión comunitaria en España alrededor de mediados de febrero.

El problema, por tanto, no era únicamente cuántos casos aparecían en las estadísticas oficiales, sino cuántos podían no aparecer todavía en ellas.

Marzo: Italia cierra colegios; España no ve necesario hacerlo

A comienzos de marzo, el contraste con Italia era ya difícil de ignorar. El Gobierno italiano había establecido zonas rojas en el norte y el 4 de marzo aprobó la suspensión de las clases en escuelas y universidades de todo el país, además de restricciones a numerosos acontecimientos públicos.

Ese mismo 4 de marzo, España contabilizaba oficialmente 193 casos. Fernando Simón sostenía que cerrar los colegios no beneficiaría al control de la epidemia y mantenía el país en fase de contención. Preguntado específicamente por las manifestaciones previstas para el 8-M, respondió que no había que hacer ninguna recomendación especial.

No se trató simplemente de tolerar la celebración del Día Internacional de la Mujer. Desde el propio PSOE se difundieron declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo animando expresamente a participar: ante quienes dudasen sobre acudir, afirmó que les «va la vida» en ello.

El 8 de marzo, miembros del Gobierno participaron en las manifestaciones.

No fueron las únicas concentraciones multitudinarias de aquel fin de semana: hubo partidos de fútbol, actos políticos —incluido el mitin de Vox en Vistalegre— y otros acontecimientos sociales. Precisamente por eso, la cuestión trasciende al 8-M: en un momento en que el virus ya circulaba de manera más extensa de lo que mostraban los datos, no se adoptó una política general de evitar las grandes concentraciones.

Tampoco puede atribuirse la explosión de casos registrada inmediatamente después a las manifestaciones del 8-M: por los períodos de incubación, aquellos contagios se habían producido con anterioridad. La relevancia del 8-M para esta cronología es otra: muestra qué evaluación del riesgo mantenían todavía las autoridades apenas unos días antes de ordenar medidas extraordinarias.

Del «no tiene sentido cerrar los colegios» al confinamiento en diez días

El cambio fue abrupto.

El 9 de marzo, cinco días después de que Simón cuestionara la utilidad de cerrar colegios, la Comunidad de Madrid anunció la suspensión de toda la enseñanza presencial, desde Infantil hasta la universidad, además de otras medidas sanitarias y recomendaciones de teletrabajo.

Ese mismo día comenzaron a endurecerse rápidamente las medidas estatales y autonómicas. El deterioro de los datos revelaba una transmisión comunitaria que las cifras de las semanas anteriores no habían permitido dimensionar correctamente.

El 11 de marzo la OMS calificó oficialmente la COVID-19 como pandemia. El 13 de marzo Pedro Sánchez anunció el estado de alarma y el 14 de marzo el Gobierno restringió la libertad de circulación en todo el territorio nacional: solo se podía abandonar el domicilio para actividades expresamente autorizadas, como comprar alimentos o medicamentos, trabajar, acudir al médico o cuidar a personas vulnerables.

Seis semanas habían transcurrido desde que el responsable de emergencias sanitarias había previsto «como mucho» algún caso.

Y seis días desde unas manifestaciones cuya celebración no había merecido ninguna recomendación sanitaria especial.