El PSOE nombra como administradora de su campaña del 29-N a su gerente, Ana María Fuentes, imputada en el caso Leire
Hechos del Publicada el
La gerente del partido fue nombrada responsable de Administración del Comité Electoral mientras sigue investigada como presunta autora de falsedad mercantil y, al menos como supuesta cómplice, de los demás delitos atribuidos a la trama.
La decisión del PSOE de designar a Ana María Fuentes, gerente del partido y máxima responsable de las cuentas de Ferraz, como responsable de Administración del Comité Electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pese a encontrarse investigada en la Audiencia Nacional en el marco del denominado 'caso Leire', adquiere especial relevancia por las responsabilidades que lleva aparejado el puesto.
Fuentes será la encargada de la administración económica de la campaña electoral, con competencias sobre la gestión de sus ingresos, pagos y gastos, precisamente mientras el juez Santiago Pedraz investiga su posible participación en una trama relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de fondos del partido y la elaboración de documentación mercantil para justificar determinados pagos.
Según la investigación se atribuye a Fuentes una posible participación en nueve delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento mercantil, prevaricación y tráfico de influencias. El instructor la sitúa como posible coautora o cómplice en algunos de los hechos investigados, sin que ello suponga una declaración de culpabilidad ni exista una condena judicial.
La composición del equipo electoral según se ha podido conocer, sitúa a Rebeca Torró como coordinadora general de la campaña, a María Jesús Montero al frente de la Coordinación Estratégica y a Cristina Narbona como responsable del Programa Electoral. Junto a ellas, el organigrama incorpora a otros responsables de distintas áreas, entre los que figura Ana María Fuentes al frente de Administración.
De este modo, la dirección federal del PSOE, presidida por Pedro Sánchez, ha optado por confiar la gestión económica de una campaña electoral de ámbito nacional a una persona cuya actuación en la administración de fondos y documentación vinculados al partido está siendo examinada judicialmente.
Consecuencias
La decisión plantea una cuestión que trasciende el ámbito estrictamente orgánico de la formación: la coherencia entre las exigencias de transparencia y responsabilidad que deben regir la gestión económica de los partidos políticos y los criterios utilizados por sus propias direcciones para designar a quienes asumen funciones de máxima responsabilidad en esa materia. Una cuestión especialmente relevante cuando se trata de administrar los recursos de una campaña electoral y de ofrecer garantías de confianza a los ciudadanos.