El Tribunal Constitucional declara inconstitucional parte del primer estado de alarma decretado por Sánchez durante la pandemia
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Mediante la Sentencia 148/2021, de 14 de julio, el tribunal consideró que las restricciones generales de movilidad impuestas a la población habían supuesto una suspensión de derechos fundamentales que no podía acordarse mediante un estado de alarma.
El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, estableciendo un confinamiento general de la población para frenar la propagación del coronavirus. La medida restringió drásticamente la libertad de circulación y limitó los desplazamientos a una serie de actividades consideradas esenciales, como la adquisición de alimentos y medicamentos, la asistencia a centros sanitarios o los desplazamientos laborales autorizados.
Más de un año después, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia 148/2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox contra distintos preceptos del decreto y sus modificaciones.
La resolución, aprobada por seis votos frente a cinco, declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, relativos a las restricciones de circulación de personas y vehículos y a la facultad de cerrar determinadas carreteras. También anuló parcialmente el apartado 6 del artículo 10, que permitía al ministro de Sanidad modificar o ampliar determinadas medidas de contención.
El principal fundamento jurídico de la sentencia fue la distinción entre limitar y suspender un derecho fundamental. Según el tribunal, el estado de alarma permite establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos, pero no suspenderlos, facultad reservada constitucionalmente a los estados de excepción y de sitio, conforme al artículo 55.1 de la Constitución.
El TC consideró que el confinamiento general había sobrepasado los límites de una mera restricción de la libertad de circulación reconocida en el artículo 19 de la Constitución. La prohibición general de circular por las vías públicas, salvo para realizar actividades expresamente autorizadas, suponía, a juicio de la mayoría de los magistrados, una suspensión efectiva de ese derecho, al convertir su ejercicio en una excepción sometida a autorización.
Por este motivo, el tribunal entendió que unas medidas de semejante alcance requerían la declaración de un estado de excepción, que exige la correspondiente intervención y autorización del Congreso de los Diputados, y no el estado de alarma elegido por el Ejecutivo.
La sentencia, no obstante, no cuestionó la necesidad sanitaria de las restricciones ni su proporcionalidad desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia. El tribunal reconoció expresamente que las medidas adoptadas eran necesarias, idóneas y proporcionadas para afrontar la emergencia sanitaria. La inconstitucionalidad derivaba del instrumento jurídico empleado para imponerlas y de la imposibilidad de suspender derechos fundamentales mediante un estado de alarma.
La resolución también estuvo acompañada de cinco votos particulares discrepantes, reflejo de la profunda división existente entre los magistrados sobre la interpretación constitucional de las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria.
Consecuencias
Una de las principales consecuencias de la sentencia fue la posibilidad de anular determinadas sanciones impuestas durante el primer confinamiento por incumplir las restricciones de circulación. Al quedar declarados inconstitucionales los preceptos que sustentaban esas prohibiciones, las sanciones que dependían de su aplicación podían quedar sin cobertura jurídica. Según datos del Ministerio de Hacienda publicados en octubre de 2025 por The Objective, entre el 15 de julio de 2021 y el 3 de octubre de 2025 se registraron 72.551 anulaciones de sanciones en el ámbito de la Administración General del Estado, con devoluciones económicas por un importe aproximado de 25,9 millones de euros. La sentencia también tuvo una consecuencia institucional de mayor alcance: estableció que la urgencia de una crisis sanitaria no exime al Gobierno de utilizar los mecanismos constitucionales adecuados cuando sus decisiones afectan de forma extraordinaria a los derechos fundamentales. La gestión de una emergencia, incluso de dimensiones excepcionales, debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y someterse a los controles parlamentarios previstos para cada situación.