Fallos reiterados y pérdida de datos en las pulseras antimaltrato: migraciones defectuosas, desprotección temporal y sistema alternativo nunca implementado
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Durante el cambio de proveedor en 2023-2024 se perdieron datos históricos de localización de agresores anteriores a marzo de 2024, provocando sobreseimientos y absoluciones por quebrantamiento de órdenes de alejamiento.
El sistema de seguimiento telemático de agresores de violencia de género (pulseras o dispositivos Cometa) depende de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad. En 2023 se adjudicó el servicio a una UTE formada por Vodafone y Securitas (sustituyendo a Telefónica/Securitas Direct).
Durante la migración de datos se produjo un fallo que dejó inaccesible el histórico de movimientos y localizaciones de los portadores de las pulseras anteriores aproximadamente al 20 de marzo de 2024. El periodo de indisponibilidad se estimó entre cuatro y ocho meses (el Gobierno habló de unos cinco).
La Fiscalía General del Estado, en su memoria correspondiente a 2024, alertó de que esta anomalía generó “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios” en procedimientos por quebrantamiento de órdenes de alejamiento, al no poder aportarse la prueba de localización, y de una “potencial desprotección de las víctimas”. Posteriormente la Fiscalía matizó que los dispositivos funcionaron en tiempo real (las alertas se activaban), que la mayoría de los casos se reabrieron una vez recuperados los datos y que el problema se resolvió a finales de 2024.
Además de la pérdida puntual de datos, las memorias de la Fiscalía llevan años (desde al menos 2018) señalando problemas recurrentes: cobertura deficiente en zonas rurales, falsas alarmas, dificultades para mantener la distancia de 500 metros en municipios pequeños, problemas de batería y retrasos en la atención técnica. Paralelamente, el Gobierno había financiado entre 2021 y 2022 (con unos 144.000 euros de la Agencia Estatal de Investigación) el desarrollo del sistema español Bindi, creado por la Universidad Carlos III de Madrid, que nunca se implementó de forma operativa.
En 2026 el Ejecutivo anunció un nuevo contrato (alrededor de 71 millones de euros) para sustituir las pulseras por tobilleras más fiables y menos manipulables, con mejoras técnicas y mayor stock de dispositivos.
Consecuencias
La pérdida temporal de datos históricos dificultó o impidió acreditar judicialmente algunos quebrantamientos de órdenes de alejamiento, generando sobreseimientos y absoluciones (aunque la mayoría se reabrieron después). Persistieron incidencias técnicas reportadas por Fiscalía, fuerzas de seguridad y órganos judiciales. El no aprovechamiento del sistema Bindi financiado públicamente retrasó posibles mejoras. El Gobierno acabó reconociendo la necesidad de un cambio de dispositivo (tobilleros) y un nuevo contrato más costoso.