Ley del «solo sí es sí»: de la «propaganda machista» a 1.233 rebajas de pena

El Gobierno aprobó una reforma que redujo algunas penas mínimas por delitos sexuales. Las advertencias sobre posibles revisiones fueron desacreditadas desde Igualdad. Tras al menos 1.233 rebajas y 126 excarcelaciones, Sánchez terminó disculpánose.

Desarrollo: La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí», entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Su principal objetivo era situar el consentimiento en el centro de los delitos sexuales y eliminar la antigua distinción entre abuso y agresión. Para integrar ambas figuras en un único delito, el Gobierno modificó también las horquillas de penas, reduciendo en determinados supuestos sus límites mínimos.

El riesgo de que una reforma penal más favorable beneficiase a condenados anteriores no era desconocido. El CGPJ había advertido ya en febrero de 2021 de que reducir determinadas penas obligaría a revisar condenas por el principio de retroactividad favorable al reo. Aquella advertencia concreta afectaba principalmente a penas máximas de una versión anterior del proyecto y el Gobierno corrigió parte de ellas, por lo que sería inexacto afirmar que el CGPJ predijo exactamente todas las rebajas que posteriormente se produjeron con el texto definitivo.

Pero las dudas continuaron. Antes incluso de que la ley entrara en vigor, abogados y juristas comenzaron a advertir públicamente que los nuevos marcos penales podían utilizarse para solicitar reducciones. El abogado de uno de los condenados de La Manada anunció que estudiaría hacerlo. Desde Igualdad, Victoria Rosell respondió calificándolo de «pura propaganda del defensor de los violadores».

Ya con la ley en vigor, el 2 de noviembre Irene Montero fue todavía más contundente en el Congreso: «Todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer. Es propaganda machista».

Para entonces ya existía al menos una resolución judicial que había aplicado la nueva norma favorablemente a un condenado, aunque todavía no había trascendido públicamente.

Dos semanas después comenzaron a conocerse las rebajas. La explicación era elemental en Derecho penal: cuando una ley posterior establece una pena más favorable, el artículo 2.2 del Código Penal obliga a aplicarla retroactivamente incluso a sentencias firmes.

La primera reacción de Igualdad no fue admitir un problema en la norma. Montero sostuvo que había jueces que la estaban aplicando incorrectamente y afirmó que «el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa». Victoria Rosell calificó de «barbaridad» modificar jurídicamente la ley y defendió que el problema no estaba en su redacción.

Pedro Sánchez también respaldó inicialmente la norma. El 16 de noviembre, cuando las primeras reducciones ya eran conocidas, la definió como «una gran conquista feminista» y pidió esperar a que el Tribunal Supremo fijase jurisprudencia.

Los tribunales siguieron revisando condenas. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó que la ley penal más favorable debía aplicarse caso por caso y rechazó el criterio que pretendía impedir determinadas revisiones simplemente porque la pena antigua siguiera cabiendo dentro de la nueva horquilla.

El Gobierno terminó admitiendo aquello que meses antes había negado. En enero de 2023 comenzó a hablar oficialmente de «efectos no deseados» y el PSOE impulsó, sin acuerdo con Unidas Podemos, una nueva reforma del Código Penal para elevar de nuevo determinadas penas cuando mediase violencia o intimidación. La corrección fue aprobada en abril de 2023. Su propia exposición de motivos reconocía expresamente la necesidad de «evitar el efecto no deseado» de la aplicación de penas mínimas inferiores en casos graves.

Para entonces el daño jurídico ya no podía revertirse: una ley penal posterior más dura no puede aplicarse retroactivamente contra quienes ya se habían beneficiado de la norma más favorable.

El balance oficial del CGPJ, con datos recopilados hasta el 1 de noviembre de 2023, registró al menos 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones. La cifra ni siquiera incluía todas las posibles revisiones de los juzgados de lo penal.

El 16 de abril de 2023, Pedro Sánchez terminó asumiendo públicamente la responsabilidad política:

«Pido perdón a las víctimas y vamos a poner una solución a estos efectos indeseados».

Dos meses después fue aún más explícito y calificó la ley del «solo sí es sí» como «el error más importante» cometido por su Gobierno durante aquella legislatura.