No se puede gobernar a golpe de Decreto Ley
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En la oposición criticó al gobierno de abusar del uso de los Decretos Ley; a día de hoy es el gobierno que más los ha utilizado.
Un Real Decreto Ley es un recurso que dispone el gobierno para poner en vigor una Ley cuando esta es especialmente urgente y no se puede esperar a su votación en el Congreso. Entra en vigor inmediatamente y ya con esa ley en vigor se discute y vota en el Congreso. Se puede aprobar o rechazar. Si se aprueba, la ley sigue adelante, y si se rechaza habrá estado en vigor hasta su rechazo.
En febrero de 2015, durante el debate sobre el estado de la nación, el líder socialista le reprochó a Rajoy que en la oposición dijera que “no se podía gobernar a golpe de decreto ley".
En el primer año de legislatura, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó 42 Reales Decretos Ley (24 en los primeros siete meses) por 28 del primer año de gobierno de Mariano Rajoy, 15 de Zapatero, 24 de Aznar, 26 de Felipe González. (Sólo se han tenido en cuenta los Reales Decretos Ley de la primera legislatura de cada presidente).
El problema aún es mayor cuando algunos Reales Decretos Ley que aprueba el gobierno no son por temas urgentes (uso legítimo), sino para sacar adelante leyes que el Congreso aún no ha aprobado o para forzar a sus socios a apoyar su acción de gobierno.
Consecuencias
El uso reiterado del Real Decreto-ley como vía habitual para aprobar medidas legislativas puede debilitar el papel del Congreso de los Diputados como órgano central de representación y deliberación democrática. Este mecanismo permite al Gobierno aprobar normas con rango de ley de aplicación inmediata, reduciendo los tiempos de debate parlamentario y las posibilidades de introducir enmiendas durante su tramitación inicial. Aunque la Constitución contempla esta herramienta para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, su utilización frecuente o fuera de los supuestos que la justifican puede desvirtuar su carácter excepcional y alterar el equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo. Además, recurrir sistemáticamente a este procedimiento puede dificultar el consenso político, reducir la transparencia del proceso legislativo y limitar el debate público sobre medidas que afectan directamente a los ciudadanos. La consecuencia es un modelo de producción legislativa en el que el Gobierno adquiere un mayor protagonismo frente al Parlamento, debilitando la deliberación y el control democrático que deben acompañar a la aprobación de las leyes.