Gobierno mantuvo el IVA al 21% en mascarillas alegando prohibición de Europa, pese a que la Comisión lo permitía desde abril de 2020
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El Gobierno de Pedro Sánchez alegó durante meses que un reglamento europeo impedía bajar el IVA de las mascarillas (21%), mientras otros países de la UE ya lo habían reducido o eliminado. La Comisión Europea había informado en abril de 2020 que no sa
Durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno español mantuvo el tipo general del IVA (21%) en la venta al público de mascarillas quirúrgicas, producto de uso obligatorio.
La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, declaró en reiteradas ocasiones (por ejemplo, el 16-17 de octubre de 2020) que “hay un reglamento europeo que impide que se puedan bajar de la venta el IVA de las mascarillas.
No es una decisión del Gobierno de España”.Sin embargo, varios países de la Unión Europea ya habían reducido o eliminado el impuesto: Portugal al 6%, Francia al 5,5%, Alemania al 5%, e Italia, Bélgica y Países Bajos al 0%.La Directiva del IVA de 2006 no permitía tipos reducidos para las mascarillas (no consideradas productos farmacéuticos). No obstante, el 3 de abril de 2020 la Comisión Europea envió una nota de orientación a todos los Estados miembros indicando que, dada la situación excepcional de la pandemia y la existencia de una propuesta de reforma de 2018, no iniciaría procedimientos de infracción contra los países que aplicaran tipos reducidos o cero a mascarillas y equipos de protección.
España fue el único país que, meses después, envió una consulta formal a la Comisión (6 de noviembre de 2020). El 10 de noviembre recibió la respuesta confirmando que no habría sanciones. El 11 de noviembre Montero anunció la bajada del 21% al 4%, y el Consejo de Ministros la aprobó el 17 de noviembre de 2020 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2021), acompañada de una reducción del precio máximo de venta.
Consecuencias
La medida se retrasó más de siete meses respecto a la comunicación de la Comisión de abril de 2020. Mientras tanto, los ciudadanos pagaron el tipo más alto de la mayoría de países europeos por un producto obligatorio. España fue el único Estado miembro que solicitó una aclaración formal tras la nota de abril. Posteriormente, la Comisión reiteró en respuestas parlamentarias (por ejemplo, a eurodiputados) que la posibilidad de no ser sancionados existía desde el 3 de abril de 2020.